“La finalidad del permiso de trabajo no es que puedas hacerte rico, sino que puedas subsistir”, dijo un ciudadano egipcio que escapó de su país y solicitó asilo en Estados Unidos luego de que un grupo extremista lo golpeara e intentara secuestrar a su esposa e hija. Tras huir de la persecución en su propio país de origen, las personas que piden asilo, como este hombre en Nueva Jersey, se enfrentan a una nueva modalidad de maltrato en Estados Unidos: el gobierno de ese país no les permite trabajar mientras se encuentra en curso un proceso de asilo que muchas veces resulta simplemente interminable.
A causa de ello, las personas vulnerables que llegan a este país albergando una última esperanza a menudo terminan en situación de indigencia.
Sin duda, ha llegado el momento de implementar una reforma en materia inmigratoria, y gran parte de la nueva legislación propuesta y el discurso público han puesto énfasis en las oportunidades laborales. Sin embargo, hasta el momento el debate no ha tratado la difícil situación de las personas que solicitan asilo y a quienes se les prohíbe asegurar su propia subsistencia.
En 1980, el Congreso reformó la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act) para adecuar la normativa estadounidense a las obligaciones asumidas por el país a través de tratados de derecho internacional sobre refugiados. A partir de ese momento, se autorizó a quienes pedían asilo a trabajar si demostraban que su solicitud no era carente de sustento. No obstante, preocupado ante el gran volumen de casos pendientes y su percepción de que el sistema de asilo estaba siendo objeto de abuso, en 1996 el Congreso sancionó varias medidas destinadas a restringir esta posibilidad, incluidas normas más rigurosas sobre trabajo.
El Congreso impidió que quienes solicitan asilo pudieran trabajar legalmente durante los 150 días posteriores a que presentaran su solicitud —más 30 días adicionales para procesar el pedido— a menos que se les otorgara el asilo antes de transcurrido ese lapso. El transcurso de este plazo puede detenerse en cualquier momento si el gobierno determina que el solicitante ha demorado el procedimiento. Sin embargo, en la práctica, no resulta claro qué factores detienen o reinician exactamente la contabilización del período.
Y el problema ya ha afectado a casi todas las personas que piden asilo. Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (Executive Office of Immigration Review), en 2011 la interrupción del transcurso de este plazo afectó a 262.025 personas, lo que equivalía al 92 por ciento de todos los casos pendientes. Una vez que el conteo se detiene, también se interrumpe la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo, lo cual impide que muchas de las personas que han pedido asilo puedan procurarse medios de sustento durante meses o incluso años.
El acuerdo alcanzado este mes en una causa sobre una demanda colectiva aborda parcialmente este problema al exigir que los jueces fundamenten de manera más transparente los motivos para suspender el transcurso del plazo. No obstante, el Congreso debería analizar una cuestión subyacente: el derecho fundamental de quienes piden asilo a procurarse por sí mismos medios de sustento o recibirlos del gobierno, mientras su solicitud no haya sido resuelta.
Sin comida ni casa, algunas de estas personas terminan viviendo en centros de acogida o directamente en la calle, a menos que alguien se apiade de ellas. La mayoría no reúne las condiciones para recibir servicios sociales o beneficios de salud, por lo que se ven obligadas a depender de la ayuda de familiares, amistades o instituciones de beneficencia, hasta que los recursos y la paciencia se agoten. Para muchas personas que piden asilo y están acostumbradas a la independencia económica, tener que depender de la ayuda de otros puede ser una experiencia particularmente traumática. Algunos terminan buscando trabajo aun sin tener permiso, lo cual los expone a explotación laboral, y en ciertos casos incluso sexual.
La prohibición sobre permiso de trabajo también puede incidir directamente en la posibilidad de una persona de interponer una solicitud de asilo. En Estados Unidos, quienes piden asilo no tienen derecho a solicitar un asesor letrado designado por el tribunal. Dado que no se les permite trabajar, muchos no están en condiciones de contratar a un abogado. Como resultado, es común que tengan que atravesar por sí solos este proceso intrincado y participar sin representación letrada en un proceso de justicia inmigratoria de tipo acusatorio, en el cual se enfrentan a un fiscal.
A diferencia de Estados Unidos, algunos países industrializados, entre ellos Canadá, autorizan a trabajar a quienes piden asilo. Otros, como los estados miembros de la Unión Europea, enfrentan obstáculos similares al empleo, pero prevén en cambio modalidades de asistencia social y económica mientras la solicitud se encuentra pendiente de resolución, así como la asignación de abogados con fondos gubernamentales para quienes no estén en condiciones de solventar este costo.
Si bien el proyecto inmigratorio del Senado intenta revertir algunas de las restricciones más graves impuestas por la ley de 1996 a quienes piden asilo (como eliminar el plazo de un año desde el ingreso al país para interponer pedidos de asilo), la cuestión de los permisos de trabajo llamativamente no se trata en el proyecto. Si la reforma inmigratoria verdaderamente intenta reflejar los valores estadounidenses, debería además incorporar mejoras al sistema de asilo, para que no sólo proteja a los refugiados sino que también defienda valores como la cultura del trabajo, el estado de derecho y la autosuficiencia. El proyecto debería restablecer al estándar que primó hasta 1996, que autorizaba a trabajar a quienes presentaran pedidos de asilo que no fueran infundados.
Las personas que piden asilo en este país lo hacen para encontrar seguridad. Sin embargo, en muchos casos permanecen igualmente en una situación de inseguridad, al no poder acceder a la posibilidad de subsistir por sus propios medios. Quienes solicitan asilo no esperan compasión. Por el contrario, piden simplemente una oportunidad de asegurar su propio sustento y el de sus familias, y contribuir a esta sociedad de manera genuina y productiva. Y nosotros deberíamos permitir que puedan lograrlo.
Bill Frelick es director del Programa sobre Refugiados de Human Rights Watch. El estudiante de derecho Brian Jacek entrevistó a personas que presentaron solicitudes de asilo como parte de la Clínica sobre Derechos de Inmigrantes/Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Seton Hall University.
